El caso “Rojas”

Juan Fernando Pérez,psicoanalista colombiano, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, Presidente entrante de la Nueva Escuela Lacaniana y Director de las V Jornadas de octubre en Lima, comparte con nosotros su agudo examen acerca de un sonado hecho de la vida política y social colombiana. Constituye un magnífico adelanto a los diversos análisis que, junto a otros colegas del mundo, se desplegarán este 17, 18 y 19 de octubre en Lima.

Voy a referirme a un acontecimiento reciente de la vida política y social colombiana para considerar una dimensión del crimen en el orden humano.

El acontecimiento del que hablo es el asesinato que se produjo hace algunos meses de un importante dirigente guerrillero conocido como “Iván Ríos” por su lugarteniente, conocido éste bajo el apelativo, ya significativo, de “Rojas”. Me referiré a las circunstancias del asesinato y a las reacciones que han sido divulgadas, tanto del asesino como del Estado colombiano.

En primer lugar, señalo las circunstancias que rodearon el crimen. “Rojas” se hallaba particularmente “aburrido” (según sus palabras) en la guerrilla, desde hace algún tiempo, cuando comete el crimen. A este grupo se enroló por razones estrictamente económicas, de acuerdo con su testimonio. Se le había prometido un salario, satisfactorio para él, y éste es el único móvil manifiesto que le decide a hacerse guerrillero. Por tanto, ningún ideal político o similar estuvo presente, ni en la oferta de incorporación ni en la decisión de “Rojas”. Dicho de otra manera, lo cual no es irrelevante a los propósitos aquí examinados, este hecho pone de presente el carácter mercenario de estos grupos en armas, tanto como de “Rojas” mismo.

Luego, “Rojas” se destaca por sus calidades militares, lo que hizo que llegara a ser designado como guardaespaldas del jefe guerrillero muerto, miembro éste del comando nacional de las FARC. Pero llega el día en que “Rojas” comienza a “aburrirse”. Esto, según lo declara igualmente, a causa del incumplimiento en el arreglo económico que se produjo al enrolarse en las filas guerrilleras; también debido a los malos tratos que recibía de su jefe y al apremiante hostigamiento que padecía su grupo de parte del ejército, lo cual minó la solidez del mismo en múltiples sentidos.

Veamos ahora el asesinato mismo. “Rojas” aprovecha su función de hombre de confianza de su jefe para matarlo, al igual que a la compañera de éste, dándoles unos balazos mientras dormían. Haberlo hecho le permitiría, como en efecto sucede, poder entregarse a las autoridades en condiciones tales que pudiera ser bien recibido, sin imputaciones ni persecución. Tomará medidas que aseguren lo anterior. Y así, decide igualmente llevarse consigo una parte del cadáver de “Ríos”, mutilándolo entonces, para dar testimonio de la veracidad de sus palabras ante los mandos militares; también opta por entregar el computador personal del guerrillero muerto y otras pruebas de su traición a éste y a la guerrilla.

Destaco ahora dos de sus reacciones que juzgo como las más significativas dentro de la perspectiva que aquí interesa:

1.- En el asesino no hay huella, en ninguno de sus testimonios ni en sus conductas conocidas pero, especialmente, en los testimonios iniciales luego de su entrega, de sentimiento de culpa alguno por los actos que cometió, esto es, por el asesinato de “Ríos”, por haberse procurado la prueba macabra que entregó (es decir, haber cortado y transportado la mano derecha del muerto) y por haber participado en otros actos criminales. Hasta donde tengo conocimiento, “Rojas” continúa hoy sereno y satisfecho por sus actos, los cuales le brindan, en adelante, seguridad, alimento y un futuro promisorio.

2.- Si bien el sujeto en cuestión, según las informaciones conocidas por mí hasta hoy, no buscaba en principio más que demostrar su traición y ser reincorporado a la vida civil, sin cargos, ni penas, al enterarse de la posibilidad de una recompensa económica por sus actos, la actitud desprevenida y espontánea que demostró en principio, se hizo más reservada y cauta. Concomitante con lo anterior, el hecho de haberse convertido en personaje público, bajo las circunstancias descritas, es vivido con signos de evidente satisfacción.

A partir de lo anterior, puede afirmarse, desde mi punto de vista, que estamos ante lo que se conoce como un auténtico canalla, vocablo que la lengua ideó para designar a los sujetos que se caracterizan por carecer de todo sentimiento de culpa por sus actos, sean éstos cuales fueren, condición ésta sine qua non para efectuar un duelo por un sujeto no perverso, y más allá de ello, para participar de una vida colectiva en forma responsable.

Preciso un tanto más lo anterior. El psicoanálisis tiene razones múltiples y de fondo para considerar la culpa como el sentimiento más poderoso que permite a los humanos la civilidad, si bien ha establecido igualmente que es causa de neurosis penosas y de otros importantes sufrimientos subjetivos. He allí una paradoja del ser hablante. De tal sentimiento es posible liberarse, pero ello exige un trabajo subjetivo complejo que, entre otros hechos, impida la instalación del cinismo y la canallería en quien se libere de los mismos. Con tales elementos ha de saberse que la estructura perversa se define como la inmunidad subjetiva a la culpa.

El acto de Caín es desde siempre un símbolo del canalla y en él se puede reconocer con nitidez también lo innecesario del duelo para todo sujeto de tal estirpe. El duelo es el proceso indispensable que requieren los sujetos que valorizan los lazos sociales más allá de la utilidad inmediata que éstos puedan brindarle para reparar los efectos de una pérdida.

Señalo ahora algo sumario sobre la posición de las autoridades colombianas (hasta hoy) ante los hechos antes considerados. La función básica del Estado es la de regular la vida ciudadana promoviendo aquello que lo permita, condenando y castigando aquello que lo impida. Estimo que, aun bajo circunstancias bélicas, y menos aún bajo un régimen de vida civil, ningún Estado civilizado debería hacer de un acto canalla, y menos todavía de un sujeto de este orden, motivo de reconocimiento alguno. Por el contrario, su deber esencial es el de castigarlo en toda ocasión, cuando tenga conocimiento del mismo, sean cuales sean las circunstancias que rodeen los hechos.

A partir de lo anterior, me parece necesario considerar al menos tres ideas:

1.- Ningún fin debería justificar ningún medio. Siempre que este principio se viola, la argumentación retorcida y ladina es aquella que intenta hacerse primar. Es el caso hoy de autoridades principales del Estado colombiano ante los actos de “Rojas”, de algunos legistas y de ciertos opinadores de oficio, para justificar disposiciones legales que por sus consecuencias más profundas promueven en lo social la deslealtad, la cobardía y la traición, al margen de su eficacia contra la barbarie guerrillera.

2.- La época actual se caracteriza por hacer primar la eficacia por encima de los principios. Ello hace que su lógica imponga la exaltación de lo inmediato, del individualismo y de otros rasgos propios de los tiempos, por encima de toda ética. Este caso es un ejemplo doloroso de esto. A ello se opone una eficacia con principios.

3.- La violencia se promueve, en especial, bajo los regímenes de impunidad. La actitud del Estado ante los crímenes de “Rojas”, en particular dado el alcance social que su acto ha tenido, constituye una forma inmoral e inaceptable de promover la violencia.

Me pregunto algo adicional para concluir: ¿qué debe hacerse cuando los hechos y el examen de éstos, demuestran que una política judicial y unas disposiciones legales son perversas, a pesar de ser eficaces para unos fines concretos, necesarios hoy de alcanzar en Colombia, dada la barbarie de la guerrilla? ¿Corregir lo perverso y exponerse a demandas que pueda darse como consecuencia de esas políticas y disposiciones, o sostener lo indecente e inmoral que exista allí, pues, en apariencia, ya no habría cómo retroceder?

El debate que se ha abierto hoy en Colombia con este caso, que ya tiene antecedentes importantes en la vida política y jurídica colombiana, tiene pocas posibilidades de que modifique algo de lo que está hoy enraizado en esta sociedad. No obstante, el debate debería producirse en los espacios donde ello sea posible.

Finalmente, y para considerar el hecho inmediato en juego, conviene señalar lo siguiente: se sostiene la tesis según la cual se debe pagar la recompensa a “Rojas”, pues al no hacerse, el Estado mentiría, dadas las disposiciones legales que lo prometen. Ante ello sería necesario decir que si es indispensable pagar algo, la conveniencia moral indica que esto debería solo hacerse ante el fallo por una eventual demanda por no pagar una recompensa y no por sostener una política judicial perversa en sus consecuencias. De tal manera que, aquello a lo que se quedaría expuesto sería, no a una mentira del Estado, sino a la exigencia de sostener el valor civil requerido para corregir lo que se debe corregir. Pero ¿es ése el caso hoy en Colombia?.